Una nueva polémica golpea al sistema público luego de que la JUNAEB oficializara una denuncia ante la fiscalía por presuntas irregularidades en contratos de alimentación escolar en la Región de O’Higgins.
El caso involucra montos que superarían los 14 mil millones de pesos y apunta a pagos realizados por servicios que, según la investigación interna, nunca se concretaron.
Raciones que habrían sido infladas
En ese contexto, el director nacional de la institución, Fernando Peña, aseguró que se detectaron modificaciones injustificadas en la cantidad de raciones adjudicadas.
Según explicó, las cifras crecieron abruptamente sin existir una demanda real que respaldara ese aumento.
“Se manipuló y adulteró la cantidad de raciones”, afirmó durante la entrevista.
Pagos sin contraprestación
Por otra parte, Peña sostuvo que parte de esos servicios finalmente nunca fueron entregados.
A pesar de ello, igualmente se habrían realizado pagos millonarios asociados a contratos de alimentación escolar.
En uno de los casos mencionados, las proyecciones de raciones llegaron a triplicarse respecto de años anteriores.
El foco sobre la empresa involucrada
Asimismo, la denuncia apunta a la empresa SOS, vinculada a los contratos cuestionados.
Uno de los elementos que despertó mayores sospechas fue la participación de un exjefe jurídico relacionado con modificaciones contractuales que actualmente asesora legalmente a dicha compañía.
La situación abrió cuestionamientos respecto de posibles conflictos de interés.
Desconfianza institucional
En paralelo, Peña manifestó preocupación por el impacto que este tipo de casos tiene sobre la percepción ciudadana.
El director sostuvo que muchas veces las investigaciones quedan inconclusas o sin responsables claros, lo que profundiza el deterioro de la confianza pública.
“Lo que genera rabia es que estas situaciones muchas veces quedan guardadas en un cajón”, señaló.
Investigación en desarrollo
Además, el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, mientras continúan las revisiones administrativas y financieras vinculadas a los contratos investigados.
La indagatoria busca determinar eventuales responsabilidades y establecer cómo se autorizaron los aumentos de recursos cuestionados.
En este escenario, la denuncia vuelve a instalar el debate sobre los mecanismos de control y supervisión en instituciones públicas, especialmente en áreas sensibles como la alimentación escolar y el uso de recursos destinados a estudiantes.