La discusión sobre el funcionamiento del Estado volvió al centro del debate económico y político. Sin embargo, el foco ya no está únicamente en cuánto gasta el aparato público, sino en cómo responde a las personas y a la inversión.
Ese fue uno de los puntos abordados por Soledad Hormazabal, economista y directora de evidencia de Pivotes, durante una nueva edición de Concierto Valor.
Más que tamaño, calidad
En ese contexto, Hormazabal sostuvo que el verdadero desafío pasa por mejorar la capacidad de respuesta del sector público.
“La discusión no es menos o más Estado, es un mejor Estado”, afirmó.
La economista planteó que la eficiencia institucional impacta directamente la calidad de vida y la dignidad de quienes dependen de servicios públicos.
El efecto en la vida cotidiana
Por otra parte, la especialista destacó que las fallas administrativas afectan especialmente a sectores más vulnerables.
La experiencia en hospitales, trámites y servicios estatales termina marcando la relación cotidiana entre ciudadanía e instituciones.
Cuando el sistema funciona mal, explicó, las consecuencias no son abstractas, sino profundamente humanas.
El impacto económico de la permisología
Asimismo, Hormazabal abordó uno de los conceptos más repetidos en el debate económico reciente: la llamada “permisología”.
Los extensos tiempos de aprobación para proyectos de inversión han comenzado a transformarse en un freno relevante para el crecimiento.
Reducir parte de esos plazos podría generar efectos significativos sobre la actividad económica.
Un sistema cada vez más lento
En paralelo, la economista sostuvo que actualmente los procesos tardan mucho más que hace una década.
El fenómeno se explica por mayores niveles de burocracia, judicialización e incertidumbre regulatoria.
A su juicio, esto no necesariamente se traduce en mejores estándares ambientales o técnicos.
La necesidad de mayor certeza
Además, Hormazabal enfatizó que el problema principal no es únicamente la duración de los procesos, sino también la falta de predictibilidad.
Las empresas enfrentan escenarios donde resulta difícil anticipar tiempos, requisitos y resultados.
Eso termina afectando decisiones de inversión y planificación de largo plazo.
En este escenario, la discusión sobre modernización estatal comienza a instalarse no solo como un debate administrativo, sino también como una conversación sobre crecimiento, calidad de vida y la capacidad del país para responder a los desafíos económicos y sociales de los próximos años.