En medio de una economía cada vez más digitalizada, donde los datos se han convertido en el activo más valioso de las empresas, Chile da un paso decisivo. La nueva Ley de Protección de Datos ya no deja espacio para improvisaciones.
Hoy el escenario es claro. Más del 70% de las empresas en el mundo ya reporta mejoras tras digitalizar sus procesos. Sin embargo, el otro lado de la moneda preocupa. Las filtraciones de información no solo cuestan millones, sino que también destruyen la confianza de los clientes en cuestión de horas.
En este contexto, la normativa chilena llega con fuerza. No sugiere, exige. Y obliga a las empresas, desde grandes corporaciones hasta pymes, a reorganizarse desde adentro.
“Hoy las empresas no solo se enfrentan a multas, sino a un riesgo mucho mayor: perder la credibilidad frente a sus clientes. La data es uno de los activos más valiosos, pero también uno de los más sensibles”, advierte Cristina Fritz, cofundadora de Digital eXp.
Pero, ¿por dónde empezar? Aquí está la hoja de ruta.
Los 10 pasos clave para cumplir la Ley de Protección de Datos en Chile
El primer error que cometen muchas empresas es simple, no saben qué datos tienen. Por eso, todo parte con un inventario de datos. Identificar qué información personal se recolecta, dónde se guarda, quién accede y por cuánto tiempo se conserva se vuelve esencial.
“Nos encontramos con compañías que manejan grandes volúmenes de información, pero sin visibilidad real. Eso es un riesgo inmediato”, explica Fritz.
Luego viene una definición crítica, para qué se usan esos datos. La ley exige claridad total. Cada dato debe tener un propósito concreto y el consentimiento del usuario debe ser informado y explícito.
A partir de ahí, las empresas deben dar un giro en la comunicación. Las políticas de privacidad ya no pueden ser textos interminables que nadie entiende. Deben ser claras, simples y transparentes. Porque si el usuario no entiende, simplemente no confía.
La seguridad, por su parte, deja de ser un valor agregado. Hoy es un piso mínimo. Encriptación, accesos restringidos y protocolos internos se vuelven obligatorios para evitar filtraciones.
Pero eso no es todo. La nueva ley empodera a las personas. Ahora los usuarios pueden ejercer los llamados derechos ARCO-P: acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos. Esto obliga a las empresas a responder rápido y con procesos bien definidos.
Organización dentro del trabajo
En paralelo, se vuelve clave llevar un registro detallado. Es decir, trazar todas las actividades de tratamiento de datos: quién los usa, cómo y en qué sistemas. Sin trazabilidad, no hay cumplimiento.
Y como el riesgo nunca desaparece, las empresas deben evaluar constantemente sus vulnerabilidades. Auditorías periódicas, especialmente en industrias como fintech o tecnología, pasan a ser parte del estándar.
Sin embargo, hay un factor que muchas veces se subestima: las personas dentro de la organización. Por eso, capacitar a los equipos resulta crucial. Un error humano puede abrir la puerta a una crisis mayor.
Además, cada vez más empresas optan por designar un encargado de protección de datos (DPO). Aunque no siempre es obligatorio, contar con un responsable especializado marca la diferencia entre reaccionar tarde o anticiparse.
Finalmente, ningún sistema es infalible. Por eso, el último paso, y uno de los más importantes, consiste en tener un plan de respuesta ante incidentes. Saber cómo actuar frente a una filtración puede definir el impacto reputacional.
“No se trata de evitar completamente los incidentes, sino de saber responder. Ahí se juega gran parte del impacto reputacional”, enfatiza Fritz.
Más que una obligación: un cambio en la forma de hacer negocios
El impacto de esta ley va mucho más allá de lo legal. En un entorno donde más del 60% del valor de una empresa proviene de activos intangibles como los datos, adaptarse se convierte en una condición básica para competir.
Además, el contexto chileno refuerza la urgencia. El aumento sostenido de ciberataques y el uso intensivo de datos en sectores como retail, fintech y tecnología elevan la presión.
Por eso, las empresas que actúen ahora no solo evitarán sanciones. También construirán algo más difícil de recuperar: confianza.
Porque en la economía digital, los datos ya no son solo información. Son reputación, negocio y futuro.