El Ejecutivo chileno tomó una decisión que ha encendido la polémica en el debate sobre acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Retiró de la Contraloría General de la República la tramitación del decreto que buscaba modificar el reglamento de la denominada Ley Karin.
La Ley Karin, vigente desde agosto de 2024, es una normativa que obliga a empleadores públicos y privados a prevenir, investigar y sancionar situaciones de acoso y violencia en el trabajo, con protocolos claros, enfoque de género y apoyo a las víctimas.
Entre sus puntos más relevantes está que un solo hecho grave puede considerarse acoso laboral y que terceros ajenos a la relación laboral también pueden ser responsables.
Sin embargo, la tramitación de un decreto que afinaba las directrices para investigar denuncias quedó en pausa esta semana luego de que la Subsecretaría del Trabajo solicitara retirar el documento, ingresado a la Contraloría a comienzos de marzo, de la fase de toma de razón.
¿Por qué ocurre esto?
El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que la decisión responde a una revisión “de última hora” de iniciativas heredadas de la administración anterior, con la intención de asegurar que el reglamento sea aplicable y efectivo en la práctica real de las empresas y servicios públicos.
Rosende insistió en que la Ley Karin sigue vigente y ninguna obligación se ha debilitado.
El Gobierno asegura que trabajará en una nueva propuesta de reglamento que pueda regir sin generar confusiones ni vacíos en la implementación.
Según consignó ADN, la revisión incorporará la opinión de distintos actores, trabajadores, empleadores y organizaciones sociales, para construir un texto más robusto.
Críticas desde la oposición y la sociedad
El retiro del reglamento generó fuertes reacciones. La diputada Ana María Gazmuri calificó la medida como un “grave retroceso” y advirtió que podría afectar la protección real de las víctimas de acoso y violencia laboral.
En redes, calificó como “inaceptable” que el decreto que obligaba a investigar casos de acoso haya sido retirado justo antes de aplicar la ley.
Sectores que impulsaron originalmente la Ley Karin también señalan que medidas de este tipo pueden minar la confianza de trabajadores y trabajadoras en mecanismos de protección, especialmente en contextos donde aún existe desconfianza para denunciar.
¿Qué significa para trabajadores y empleadores?
Aunque el Ejecutivo insiste en que la ley sigue vigente, la ausencia de un reglamento actualizado puede generar incertidumbre práctica:
- Trabajadores y trabajadoras: podrían enfrentar procedimientos internos poco claros o inconsistentes para denunciar acoso o violencia.
- Empleadores: sin un reglamento preciso, muchas empresas podrían no aplicar correctamente los protocolos que la Ley Karin exige. Lo que puede traducirse en disputas legales.
- Organizaciones sindicales y gremios: temen que la pausa genere menor claridad sobre responsabilidades concretas de prevención e investigación.
¿Ahora qué?
El Gobierno ha anunciado que trabajará en una propuesta de reglamento revisada. Con el objetivo de que su implementación sea realmente efectiva, garantice el espíritu de la Ley Karin y no genere lagunas legales que afecten la protección de las personas.
La expectativa ahora se traslada a los próximos meses, cuando se conozca el nuevo texto.
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