La discusión política volvió a escalar.
El nuevo megaproyecto del Ejecutivo, presentado como un plan de reconstrucción, abrió un flanco inmediato en el Congreso. Desde la oposición, las críticas no solo apuntan al contenido, sino también a la forma en que se instaló el debate.
La senadora Paulina Vodanovic fue una de las voces más duras. En el programa Concierto Valor, calificó la iniciativa como una “ley de la destrucción”, marcando distancia con el relato oficial.
A su juicio, el proyecto no responde a las urgencias sociales y podría tensionar aún más el escenario económico.
Un proyecto sin diálogo previo
Uno de los ejes del cuestionamiento está en el proceso. Desde el Partido Socialista acusan que no hubo instancias reales de conversación antes de ingresar la propuesta. La crítica apunta a una lógica unilateral que complica cualquier intento de acuerdo político.
Vodanovic habló de un Gobierno “sordo”, que privilegia la imposición por sobre el consenso. Ese diagnóstico instala un problema mayor. Sin puentes previos, la viabilidad legislativa se vuelve incierta. El Congreso, dicen, no está dispuesto a actuar como un trámite administrativo.
El foco en el bolsillo
Más allá del debate político, el impacto económico se convirtió en el punto más sensible. La eventual aplicación de IVA a las propiedades encendió alertas, especialmente por sus efectos en el acceso a la vivienda.
Desde el PS advierten que la medida podría favorecer a grandes inmobiliarias, mientras la clase media y los jóvenes siguen enfrentando barreras para acceder a crédito. “Quisiéramos medidas de acceso real”, planteó la senadora, apuntando a una desconexión con las necesidades actuales.
Dudas sobre la estrategia económica
El análisis también alcanzó al Ministerio de Hacienda. Las críticas apuntan a una visión que, según la oposición, apuesta por efectos automáticos del mercado que no necesariamente se cumplen.
La idea de que una rebaja de impuestos a grandes empresas impulsará el crecimiento fue cuestionada como un “acto de fe”. El debate, en ese punto, deja de ser técnico y se traslada a una diferencia de fondo sobre el rol del Estado en la economía.
Límites políticos y sociales
En paralelo, surgieron advertencias sobre eventuales ajustes en áreas sensibles. La posibilidad de recortes en programas como alimentación escolar o cuidados paliativos fue catalogada como inaceptable.
El escenario que se proyecta es complejo. Sin un diagnóstico compartido, el proyecto enfrenta un camino largo en el Congreso. Y con una oposición que ya fijó líneas rojas, la negociación será inevitable si el Ejecutivo quiere avanzar.