La justicia volvió a poner el Crédito con Aval del Estado (CAE) en el centro del debate.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó suspender el cobro de una deuda universitaria tras acoger una orden de no innovar presentada en un recurso de protección.
La decisión frena de inmediato las acciones de cobro que ejecutaba la Tesorería General de la República (TGR) contra una geomensora.
La resolución, adoptada por la Segunda Sala del tribunal de alzada, marca un giro relevante en la estrategia judicial de quienes buscan detener la ejecución de sus deudas educativas. Aunque el fallo no resuelve el fondo del caso, sí paraliza el proceso mientras se revisa el recurso.
Qué decidió la Corte y por qué importa
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la orden de no innovar y suspendió el cobro del CAE contra la recurrente.
En la práctica, esto significa que la TGR no puede seguir con embargos ni acciones de cobranza mientras dure la tramitación del recurso de protección.
Este punto resulta clave. La medida no elimina la deuda, pero congela su ejecución. En términos jurídicos, la Corte prioriza analizar si existieron vulneraciones de derechos antes de permitir que continúe el cobro.
El caso abre una discusión mayor sobre el uso del recurso de protección como vía para frenar procesos de cobranza fiscal vinculados al CAE.
El rol de la Tesorería y el historial de recursos rechazados
La Tesorería General de la República mantiene la facultad de ejecutar el cobro de deudas fiscales, incluidas aquellas derivadas del CAE. Sin embargo, en la misma jurisdicción de Valparaíso, otros intentos similares no lograron avanzar.
De hecho, según los antecedentes del tribunal, se presentaron 13 recursos de protección relacionados con cobros del CAE. Ocho quedaron inadmisibles y cinco se rechazaron por falta de competencia.
Este escenario hace que la nueva resolución destaque aún más, ya que el tribunal sí activó la suspensión en este caso específico, según consignó ADN.
Qué podría pasar ahora con el CAE
El fallo no sienta una jurisprudencia definitiva, pero sí instala presión sobre el sistema. Si otros deudores logran resoluciones similares, el escenario de cobro del CAE podría enfrentar nuevas dificultades judiciales.
Además, este tipo de decisiones alimenta el debate político y social sobre el futuro del crédito universitario, un sistema que arrastra críticas por su impacto en el endeudamiento estudiantil en Chile.
Por ahora, la atención se centra en cómo evolucionará el recurso de protección y si la Corte profundiza o limita este tipo de medidas en casos futuros.