El Ministerio de Obras Públicas (MOP), bajo la nueva conducción de Martín Arrau, acelera gestiones estratégicas para cumplir uno de sus objetivos principales: reducir el costo de los peajes y del sistema TAG.
Según confirmaron fuentes cercanas al Ejecutivo y a la industria de concesionarias a Diario Financiero, las autoridades ya iniciaron conversaciones formales para concretar este beneficio.
De prosperar las negociaciones, los automovilistas podrían percibir un alivio económico directo.
El plan del MOP apunta a una disminución tarifaria que, en ciertos tramos y autopistas, alcanzaría hasta un 30%.
No obstante, el Gobierno advierte que la rebaja no operará de forma uniforme en toda la red vial, debido a que cada contrato de concesión posee condiciones financieras y plazos particulares.
Mecanismos para reducir el valor del TAG
Para lograr esta disminución sin quebrar el equilibrio financiero de las empresas, el Ejecutivo evalúa tres vías principales.
La primera opción consiste en extender los plazos de las concesiones actuales.
De esta manera, las autopistas compensarían la menor recaudación diaria con un periodo de explotación más largo.
Sin embargo, esta alternativa enfrenta trabas en contratos de plazo fijo o estructuras de financiamiento rígidas que dificultan su modificación inmediata.
En los contratos más recientes, el MOP baraja una segunda alternativa: ajustar el porcentaje de reparto de ingresos entre el Estado y el privado.
Esta medida permitiría compensar la baja en el cobro al usuario sin afectar gravemente las proyecciones de las compañías, aunque existen compromisos de ingresos fiscales que limitan este margen de acción.
El rol de las futuras relicitaciones
Una tercera estrategia apunta directamente a los procesos de relicitación de grandes obras de infraestructura, como las futuras licitaciones de Autopista Central o Costanera Norte.
Actualmente, las empresas que se adjudican estos proyectos deben realizar un pago inicial considerable al Estado.
De acuerdo con Diario Financiero, desde la industria explican que, si el Gobierno reduce este desembolso inicial, la concesionaria podría ofrecer tarifas más bajas a los conductores que transitan por dichas rutas.
Pese al optimismo que generan estos avances, el Ministerio de Obras Públicas aún no entrega una confirmación oficial ni una fecha definitiva para la puesta en marcha de los nuevos valores.
