El crecimiento de los arriendos de corta duración ha comenzado a tensionar la convivencia en edificios y condominios.
En medio de ese escenario, y tras un reciente caso ocurrido en Santiago que volvió a instalar el tema en la discusión pública, surge una pregunta clave: ¿pueden las comunidades limitar este tipo de prácticas?
Qué dice la ley sobre los arriendos temporales
La Ley de Copropiedad Inmobiliaria N°21.442 no prohíbe los arriendos temporales. Sin embargo, sí establece un marco que permite a las comunidades regular su impacto en la convivencia.
La normativa señala que los reglamentos de copropiedad deben contemplar medidas para evitar que el uso de departamentos como hospedaje turístico o arriendo de corta duración genere molestias o afecte el uso de los espacios comunes.
Además, introduce una distinción relevante: considera como ocupantes permanentes a quienes residan al menos 30 días continuos en una unidad, diferenciando así a quienes utilizan estos espacios de manera transitoria.
El rol de los reglamentos internos
Más allá de la ley, el principal instrumento de control está en los reglamentos de copropiedad de cada comunidad.
“Hoy la ley no permite prohibir de manera general los arriendos temporales, pero sí entrega herramientas claras a las comunidades para regularlos”, explica Marcelo Hernández.
En ese sentido, el diseño de estas normativas internas resulta clave para establecer condiciones que resguarden la convivencia, como límites en el uso, sanciones o exigencias para propietarios.
Impacto en la seguridad y la vida comunitaria
Uno de los principales puntos de preocupación es la rotación constante de personas ajenas al edificio. Este hecho, según señalan, puede afectar la seguridad y la dinámica interna.
“La rotación constante de ocupantes genera un impacto real en la seguridad, en la trazabilidad de quienes ingresan y en la vida comunitaria”, señala Diego Hernández.
Este fenómeno ha llevado a que muchas comunidades busquen herramientas para anticiparse a conflictos, más que reaccionar ante ellos.
Regular en lugar de prohibir
El consenso entre expertos apunta a que la prohibición total no es viable bajo la legislación actual. En cambio, el foco está en generar marcos de regulación que se ajusten a la realidad de cada comunidad.
Esto incluye establecer reglas claras sobre el uso de las unidades, mecanismos de control de acceso y normas de convivencia que reduzcan externalidades negativas.
Un debate que sigue creciendo
El aumento de los arriendos temporales plantea un desafío de fondo: equilibrar el derecho a la propiedad privada con la vida en comunidad.
En un contexto donde estas prácticas continúan expandiéndose, la discusión apunta a cómo adaptar las normas existentes para responder a nuevas formas de habitar la ciudad. Todo esto, sin afectar la calidad de vida de los residentes.