En el marco de las elecciones presidenciales chilenas, una de las preguntas recurrentes es: ¿cuánto dinero obtienen los candidatos por cada voto que captan? La respuesta está regulada por la ley de financiamiento y reembolso electoral y administrada por el Servel.
A continuación, te explicamos los montos vigentes, cómo funciona el mecanismo y cuáles son las principales exigencias que los candidatos deben cumplir para acceder a este beneficio.
¿Cuánto recibe un candidato por voto?
De acuerdo con el análisis de medios y con los datos del Servel, en la elección 2025 el reembolso por voto para la primera vuelta presidencial asciende a 0,04 UF por cada sufragio válido obtenido. En números aproximados, esto representa más de $1.500 chilenos por cada voto, según el valor actual de la Unidad de Fomento (UF) estimado. Si el candidato pasa a una segunda vuelta, por cada voto en ese balotaje se aplica un reembolso de 0,01 UF.
Es importante subrayar que este monto no es un “pago directo” por voto en el sentido de un ingreso automático —sino un reembolso condicionado—, y que se activa sólo si se cumplen ciertos requisitos establecidos por la ley.
¿Cuáles son las exigencias del Servel para otorgar el reembolso?
El Servel exige que los candidatos presenten rendiciones de cuentas rigurosas en sus ingresos y egresos de campaña, y que respeten los límites de gasto previamente fijados para la elección. Además:
- No pueden tener irregularidades graves en las facturas, boletas u otros documentos de respaldo.
- Deben cumplir con los plazos y formatos de presentación de la información financiera.
- Deben operar dentro de los márgenes legales de propaganda, financiamiento y gasto electoral.
Si cualquiera de estas condiciones no se cumple, el candidato arriesga perder el reembolso por voto —o que éste sea parcialmente rechazado—. El hecho, cabe destacar, lo pondría en un foco público la responsabilidad del control electoral.
¿Por qué existe este mecanismo?
El objetivo del reembolso por voto es equilibrar las competencias electorales, ayudando a que candidatos sin grandes presupuestos privados puedan lograr cierta cobertura pública y financiera. Al mismo tiempo, se busca generar transparencia y trazabilidad en el financiamiento político. En otras palabras, no se trata de “ganar dinero por votos”, sino de recuperar (en parte) gastos de campaña, sujeto a control y rendición.