A más de tres años de la muerte de Tomás Bravo en la localidad de Caripilún, Región del Biobío, la investigación vuelve a tomar fuerza tras conocerse nuevos peritajes de ADN que podrían vincular directamente al tío abuelo del menor, Jorge Escobar, con los hechos. Al niño se le halló sin vida en febrero de 2021 y, desde entonces, Escobar se convirtió el único imputado en el caso.
Sin embargo, pese a las pruebas que lo involucran, un obstáculo jurídico pone en suspenso la posibilidad de una nueva formalización. Actualmente, Escobar enfrenta un juicio por abandono de menor con resultado de muerte, lo que podría impedir que sea juzgado nuevamente por el mismo hecho, incluso si se prueba su responsabilidad en el deceso del niño.
El valor de las nuevas pruebas genéticas
De acuerdo con antecedentes revelados por Radio Biobío, la fiscal Tatiana Esquivel, de la Fiscalía de Los Ríos, lleva más de un año reuniendo información sobre el caso.
Durante este tiempo, obtuvo 13 autorizaciones judiciales para intervenir las comunicaciones telefónicas de Escobar y su entorno cercano. En una de esas grabaciones, fechada en febrero de 2024, Escobar declara: "Gracias a Dios que estas mierdas no tienen cómo cagarme sipu. Quieren, pero no pueden […] yo soy inocente de todas las hueás que me han levantado".
En paralelo, un conjunto de peritajes de ADN realizados bajo reserva —pero cuya existencia la confirmaron fuentes del Ministerio Público— entregaron resultados que muestran compatibilidad genética con el imputado.
Estos informes, de carácter probabilístico, fortalecen la tesis de que Escobar habría tenido participación directa en la agresión sexual con resultado de muerte que sufrió Tomás, según determinó la autopsia.
Un nudo jurídico en medio de la investigación del caso Tomás Bravo
El principal obstáculo que enfrenta el avance de esta nueva línea investigativa es legal. La actual causa en curso, liderada por la fiscal Marcela Cartagena en la Región del Biobío, acusa a Escobar de abandono de menor. Por lo tanto, una eventual formalización por homicidio u otro delito vinculado directamente a la muerte del niño podría chocar con el principio de cosa juzgada, contenido en el artículo 1 del Código Procesal Penal, que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo hecho.
Esta situación se originó por la decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia, de dividir la causa en dos investigaciones paralelas: una en Biobío y otra en Los Ríos. Hoy, esa estrategia se traduce en un conflicto procesal que pone en duda la posibilidad de obtener una condena por homicidio. Incluso si las nuevas pruebas son concluyentes.
Mientras tanto, el país sigue pendiente de un caso que conmovió profundamente a la opinión pública y que aún no logra ofrecer respuestas claras ni justicia para Tomás.