Nuevos antecedentes han salido a la luz sobre el intento de atentado que buscaba provocar una tragedia en el concierto de Lady Gaga en la playa de Copacabana, Brasil, el pasado 3 de mayo. El evento, titulado Mayhem On The Beach, reunió a más de 2,5 millones de personas frente al mar carioca, en lo que fue el mayor espectáculo en vivo de la carrera de la artista.
Según informó la Policía Civil del Estado de Río de Janeiro, la llamada "Operación Monstruo Falso" permitió frustrar un atentado terrorista que incluía la planificación de ataques con bombas caseras y cócteles molotov cerca del escenario. Dos personas fueron arrestadas inicialmente, entre ellas un hombre de 44 años identificado como Luis da Silva, deportado recientemente desde Estados Unidos. Un menor de 17 años también fue detenido.
Planeaban ataques contra la comunidad LGBTQ+ y menores
Felipe Cury, secretario de la Policía Civil, detalló en una conferencia de prensa que Da Silva creía que Lady Gaga era una figura "satanista". Para responder de la misma manera, el hombre iba a realizar un "ritual" durante el espectáculo que incluía el asesinato de un niño. El sospechoso habría usado la plataforma Discord para radicalizar a otros usuarios, incluyendo menores. El fin era atacar a miembros de la comunidad LGBTQ+ y a niños en el concierto.
El operativo se originó a partir de una pista de inteligencia local y condujo a allanamientos en distintos estados. Durante estos procedimientos, se incautaron dispositivos electrónicos y se descubrió que los implicados se coordinaban para llevar a cabo el atentado como una forma de "desafío colectivo" que buscaba notoriedad en redes sociales.
En un comunicado, el equipo de Lady Gaga aseguró que no recibió información previa de las autoridades sobre la amenaza. "Nos enteramos de esta presunta amenaza a través de informes de los medios. Antes y durante el espectáculo no se reportaron problemas de seguridad", afirmaron. Agregaron que el equipo colaboró con las fuerzas del orden durante toda la planificación del evento y que confiaban en las medidas de seguridad implementadas.
Aunque el ataque no llegó a concretarse, las autoridades mantienen activa la investigación. Mientras, Da Silva enfrenta cargos por terrorismo, apología del delito y posesión ilegal de armas. La justicia brasileña ordenó su prisión preventiva mientras avanza el caso.