Durante las próximas semanas, el Gobierno presentará una nueva propuesta de reajuste al sueldo mínimo, tal como lo establece la Ley 21.578. La iniciativa deberá ser enviada al Congreso antes de que finalice abril. De ser aprobada, comenzará a regir a partir del 1 de mayo de 2025.
Actualmente, el Ingreso Mínimo Mensual (IMM) está fijado en $510.636, cifra que refleja el último ajuste por inflación, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre julio y diciembre de 2024 (2,1%). Esta actualización forma parte del histórico acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 2023, que permitió un alza gradual del salario mínimo desde los $410.000 iniciales.
El nuevo objetivo de la CUT
Sin embargo, este nuevo ciclo de reajuste podría marcar un cambio de enfoque en la discusión. La CUT anunció que no solo buscará un nuevo aumento en el monto nominal. Por el contrario, propondrá sustituir el concepto de "sueldo mínimo" por el de "salario vital". Esta idea apunta a garantizar una remuneración que permita cubrir de manera efectiva las necesidades básicas de una familia.
"El objetivo es transitar hacia un ingreso digno", señaló Eric Campos, secretario general de la CUT. Campos adelantó que la organización impulsará una propuesta concreta: alcanzar un sueldo líquido de $725.000 para una familia de cuatro personas.
Desde el Gobierno, tanto la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han valorado los avances logrados mediante el diálogo social y la gradualidad. Ambos han destacado que el cumplimiento anticipado de la meta de $500 mil fue posible gracias a acuerdos con la CUT. Además, apuntaron a la implementación responsable que permitió mitigar impactos en la economía y las pequeñas empresas.
En ese sentido, la propuesta que se presentará este mes buscará mantener el equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad económica. A la vez, el debate podría abrir la puerta a una transformación más profunda: que el salario mínimo deje de medirse solo por cifras y comience a evaluarse también desde el bienestar y la justicia social.