Esta mañana nos contactamos con la abogada Constanza Hube para conversar respecto al documento presentado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en oposición a la Ley contra Delitos de Cuello y Corbata debido a una supuesta inconstitucionalidad.
El documento, de 34 páginas, entregado por Gabriel Zaliasnik y Constanza Hube muestra antecedentes a tomar en cuenta en el control de constitucionalidad del proyecto de ley.
Sin embargo, antes de comentar sobre lo que nos convoca, la abogada se refirió a los polémicos dichos de la diputada Luisa Cordero ayer hacia el ministro Ávila. "Esto da para reflexionar sobre la inviolabilidad parlamentaria. En términos simples, es el hecho de que eres inviolable cuando eres parlamentario en la Cámara".
En ese sentido, "todo lo que implique un insulto, el ministro podría querellarse", aseguró.
Informe del CPC
"El eje general general del proyecto (presentado por el Gobierno de Gabriel Boric) es que se crea un sistema penal diferente, selectivo, que afecta a cierto grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones", señaló. Así, enfatizó que "no solamente afecta a gerentes, directores o administradores. Sino que también a personas indeterminadas, porque solo señala 'personas en posiciones jerárquicas' y no define lo que es eso".
"Esto es una suerte de sistema penal paralelo. Crea atenuantes, circunstancias agravantes, restringe sustituciones de penas", aseguró. De esa forma, "crea nuevos delitos pero en materia penal los delitos deben estar muy bien descritos".
El objetivo del CPC al presentar este documento en el Tribunal Constitucional (TC) para que "quede constancia (...) de que este proyecto tiene vulneraciones a Derechos Fundamentales". De acuerdo a la abogada "genera leyes penales en blanco, vulnera la igualdad ante la ley, vulnera la proporcionalidad...".
En ese sentido, Hube aclaró que el informe no puede hacer que la ley sea declarado inconstitucional. Esto solamente está "en manos del Presidente o de 1/4 del Senado o la Cámara".
"El hecho de que sea popular [la ley] no significa que no tenga vulneración a los Derechos Fundamentales", aseguró.