El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que lidera una demanda colectiva contra Twitter, Google y Facebook. Y contra sus directores ejecutivos, Jack Dorsey, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg.
Trump fue expulsado de Twitter, Facebook y YouTube por los mensajes que envió durante y después de la toma del edificio del Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021.
"Nuestro caso demostrará que esta censura es ilegal, inconstitucional y completamente antiestadounidense". Dijo Trump en una conferencia de prensa desde su campo de golf en Bedminster, Nueva Jersey.
El exmandatario aseguró que se unirán a la demanda otras personas expulsadas de las plataformas de redes sociales. Un grupo llamado American First Police Institute, una organización sin fines de lucro que promueve las políticas de Donald Trump, respalda la demanda.
Hasta el momento no ha habido respuestas de las empresas. Pero un grupo de promoción de tecnología llamado Chamber of Progress, que también es socio corporativo de Twitter y Facebook, ridiculizó la demanda.
"Los extremistas de derecha", dijo el director ejecutivo Adam Kovacevich, "están recurriendo a los tribunales porque sus propias plataformas se han derrumbado después de convertirse en basureros para el odio, las bromas y la pornografía".
La demanda va en contra de la Ley de Decencia en las Comunicaciones llamada "Sección 230", que proporciona un escudo legal para las empresas de tecnología cuando deciden qué permiten que se publique en sus sitios y qué no permiten.
Trump intentó que se derogara la sección mientras estaba en la presidencia y dijo este miércoles que le gustaría, como mínimo, ver cambios en las protecciones legales de las que disfrutan las empresas de tecnología.
Opiniones encontradas
Pero muchos expertos legales creen que las posibilidades de éxito de Trump son escasas.
Algunos legisladores republicanos han trabajado para evitar que los sitios de redes sociales expulsen a los políticos pero los jueces los han detenido, más recientemente en el estado de Florida.
Un juez dictaminó que la nueva ley estatal que obliga a las empresas de tecnología a pagar una multa si prohíben a un político. Es inconstitucional.
Mientras tanto, las empresas han argumentado que dejar entrar a alguien a sus sitios o prohibir su ingreso. Es en sí mismo, un derecho a la libertad de expresión.