(Por Ramón Pozo) El lunes, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer su agenda antiabusos, con la que busca "combatir con mayor fuerza la colusión y los abusos" por parte del Estado y empresas privadas.
Entre las propuestas, están fortalecer la Fiscalía Nacional Económica y aumentar sanciones penales “con cárcel efectiva para los delitos de colusión” en productos de primera necesidad.
También planteó subir penas de cárcel y multas en delitos financieros.
Pero más allá de estos titulares, el exfiscal Carlos Gajardo, quien investigó casos de platas irregulares en la política, tiene una mirada crítica: "Son avances muy menores", dijo tajante. "¿Es lo que la ciudadanía estaba esperando? De ninguna manera".
"Más que de letra chica, me parece que hay un problema de letra grande. Faltan grandes anuncios", retrucó el profesional, aludiendo a una de las constantes críticas que recibe el gobierno.
De hecho, acotó que si se repitiera casos como Penta, SQM, etc, con estas iniciativas "probablemente muchas de las trabas serían idénticas".
Entre sus argumentaciones, está que se debió haber "terminado con este monopolio para presentar denuncias o querellas por parte del SII", lo que justamente inmovilizó las indagaciones cuando ejercía como fiscal.
"Debe tocarse el fuero parlamentario, que no es una institución que favorezca la persecución de los delitos", agregó.
Casos de Gustavo Gatica y José Miguel Uribe
Carlos Gajardo también representa a Gustavo Gatica, joven que perdió la vista a causa de perdigones disparados por carabineros. Ahora, se ha conocido casos de otros lesionados pero con bombas lacrimógenas: "Se cambia el instrumento, pero las consecuencias siguen siendo las mismas", apuntó el abogado.
Cuestionó además que "tampoco son investigaciones extraordinariamente complejas al interior de la institución" de carabineros, como para que aún se desconozca a los responsables.
Adicionalmente, hubo novedades en el caso de José Miguel Uribe, un joven de 25 años que murió en medio de una manifestación en Curicó. Gajardo representa a su familia.
En un comienzo, se consideraba que la responsabilidad fue de un militar. No obstante, las indagaciones apuntan a que fue Francisco Fuenzalida, un empresario de la zona.
Según denuncias, él “ya había efectuado disparos en otro lugar de la ciudad y había dejado heridas a otras personas”, expuso el exfiscal. “Si fue esta persona efectivamente, nos interesa que esto se ratifique y que se aplique las máximas sanciones”, concluyó.
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