Por Ramón Pozo
Hace unos días, gremios empresariales publicaron un inserto contra los cambios al Código de Aguas, acusando que “amenazan la certeza jurídica y el bienestar de la sociedad y las personas”, y también afectan el “derecho de propiedad”.
Esta visión, liderada por la Sociedad Nacional de Agricultura, encontró eco en el ministro de agricultura, Antonio Walker, quien cree que el texto “es una manifestación razonable hacia el mundo agrícola que dice relación con no afectar la certeza jurídica, cosa en la que el gobierno y el Ministerio de Agricultura están muy de acuerdo”, expuso en La Tercera.
No obstante, a juicio de Ulrike Broschek, subgerenta de sustentabilidad de la Fundación Chile y líder de la iniciativa Escenarios Hídricos 2030, la “forma en que se pone la visión de estos sectores es un poco inadecuada. Solamente polariza más la discusión”.
En este contexto, hizo notar que nuestro código de aguas "es del año 1981", por tanto, "hoy día es necesario remirar el sistema". “Necesitamos ver cuáles son los ajustes a los tiempos de hoy de esa normativa”, indicó.
También se refirió a la situación de Osorno, que pasó 10 días sin suministro de agua debido a la contaminación con combustible en una planta de Essal.
¿Debiera el Estado hacerse cargo de la distribución en una situación así? Para Broschek, "hoy día no están las condiciones para eso y más bien están viendo el tema de la multa".
Independiente de esto, sostuvo que “tenemos que ver el rol del Estado de regular estos servicios que son monopólicos”. Sobre todo, porque "tenemos un 76% de la superficie del suelo afectada por desertificación" o "una sequía importante".
