Tras el caso de Matías Pérez, el presidente de Gasco que echó a 3 mujeres desde un sector que él aseguraba era su jardín, han aumentado las denuncias contra inescrupulosos que se apoderan de espacios públicos.
De hecho, en playa Mónaco en la región de O’Higgins, cursaron las primeras infracciones por impedir el acceso al mar.
La familia Jaramillo tenía cerrados los accesos, asegurando que el camino era de su propiedad y además que tenían habilitado un paso. Ambas situaciones fueron descartadas por la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, bajo cuya mirada se cortó cadenas y candados de los portones.
"Hay una cultura de los Pérez Cruz y los Jaramillo que se han creído dueños" de espacios públicos, detalló el seremi de la repartición en la región de O’Higgins, Christian Villegas.
"Hace 40 años" que familia Jaramillo prohibía paso a playa Mónaco. Y en este contexto, "nos hemos hecho cargo de una problemática que no es de ahora", admitió en relación a una histórica falta de fiscalización. Ha habido "irresponsabilidad y desidia" en gobiernos anteriores, sostuvo Villegas.
Volviendo a los casos más recientes, explicó que "hay un grupo de personas que se siente privilegiada, una clase social que se siente privilegiada" y que incluso se enfada porque llegan otros legítimamente a usar estos espacios.
En este escenario, valoró los ajustes a la ley que permiten ahora multar a quienes se apoderen de terrenos públicos. "Multas van desde los $500 mil hasta los $5 millones, y el doble incluso en caso de ser reincidente" por bloquear pasos a playas, ríos y lagos.
"Pasamos de tener 330 denuncias a más de 800 al día de hoy", expuso Villegas.
