“Probar el delito de cohecho en Chile es muy difícil”, admite de entrada el periodista, ya que “para configurarlo, tienes que probar que si, efectivamente, yo le pasé $5 millones a alguien, fue contra una contraprestación específica”.
No obstante, más allá de esta dificultad, considera que en el acuerdo con los controladores del holding Carlos Délano, Carlos Lavín y el exsubsecretario de minería, Pablo Wagner, “es discutible lo que ha hecho la fiscalía”.
Ello porque el grupo “le ha estado pagando dinero durante años a parlamentarios y autoridades políticas. Y eso se queda sin sanción”.
Ejemplificó con Wagner, quien “recibe $3 millones cada 2 meses contra una boleta falsa de una cuñada en una cuenta que no es de él”. Y si bien “él dice que corresponde a una indemnización que le quedaron debiendo. ¡Las indemnizaciones no se pagan así!”.
Rol del fiscal Manuel Guerra
No pocos han criticado el cambio en la visión del fiscal Manuel Guerra, quien hace unos meses sostenía que “no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en el que ellos (Délano, Wagner, Lavín) no acepten responsabilidad por el delito de cohecho”. Postura que cambió en 180° y que terminó con un acuerdo que dejó justamente fuera la figura de cohecho, con penas por otros delitos que deben cumplir en libertad.
Al respecto, Ramírez consignó que “Guerra es una persona que no ha ocultado su interés en ser fiscal nacional” y que, para llegar a él, “tiene que ser ratificado por el senado”.
Con este cambio de opinión, Guerra “le manda una señal al senado cuando le dice ‘mira, este tipo de cosa yo no las voy a investigar’”, esgrimió el editor de Ciper.
Otros “beneficiados” por platas negras
Pedro Ramírez afirmó que “son varios los personajes que recibieron de Penta plata ilegal, no solo el subsecretario de minería (Wagner), y que después tienen la labor de legislar, de votar proyectos de ley que pueden estar de alguna forma beneficiando a la persona que les puso dinero sobre la mesa para que hicieran su campaña de manera ilegal”.
En un repaso por los casos Penta, SQM y Corpesca, el periodista apuntó que “estamos hablando de un montón de pagos que se hicieron durante las campañas ilegalmente a candidatos a diputados o senadores como Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Felipe de Mussy. Hubo denuncias en su momento de un funcionario del grupo Penta como Hugo Bravo contra Ena Von Baer también”.
De hecho, “en Ciper hemos demostrado y documentado que empresas del grupo Angelini efectivamente han financiado ilegalmente la política, y particularmente la precampaña de Michelle Bachelet”, recordó Ramírez.
“Precampaña de Michelle Bachelet no se financió solo con dinero de SQM a través de Giorgio Martelli, también con dineros del grupo Angelini a través de Giorgio Martelli. Y sobre ese punto, la fiscalía no investigó ni siquiera un milímetro (…) porque no quiso sencillamente”, concluyó el investigador.