A su juicio, ambos casos dan cuenta de “la situación de vulneración en la que viven los niños, no sólo aquéllos que tienen la calidad de víctimas, sino también aquéllos que se enfrentan a acciones que se relacionan con delitos”.
Por tanto, apuntó a la responsabilidad del Estado en “prevenir que niños, niñas y adolescentes se vinculen con la justicia juvenil. Eso es un tema que en el Estado chileno no se ha trabajado ni abordado con la seriedad y rigurosidad que se amerita”.
Por tanto, los menores de edad implicados en delitos “son niños que han sido vulnerados en sus derechos” y que sólo reproducen un espiral de violencia del que han sido víctimas, ello en medio de la despreocupación estatal.
Sobre el caso de la niña en Pudahuel, quien habría sido abusada por chicos de 8, 9 y 12 años, apuntó que “me permito preguntar qué pasa con la familia de esa niña, que (permite que) en horas de la noche está en esta sede”.
Agregó que “cuando se expresa por parte de la policía que la niña de 8 años estaría pololeando con uno de los niños, una se pregunta legítimamente de qué estamos hablando”.