Por tanto, se mostró a favor de sistemas de fiscalización electrónicos para respetar la recientemente aprobada disminución de la velocidad máxima urbana de 60 a 50km/h.
Si estos mecanismos estuviesen operativos, “en promedio nos llegarían unos 30 boletas a fin de mes. Probablemente estaríamos trabajando para pagar partes”.
Y si bien los fotorradares ya fueron cuestionados en la década de los ’90, Escobar hizo notar que los actuales cuentan con tecnología prácticamente inapelable, y que “son tantos los infractores, que el negocio es bueno” para las municipalidades.
El también gerente de movilidad del Automóvil Club aseveró que algunos carabineros le han expuesto que “promedio de que a uno lo fiscalicen es una vez cada 4, 5 años” al manejar. Por tanto, se genera una “sensación de impunidad, lleva a la famosa letra muerta”.
En síntesis, “no hay fiscalización vial”.
Y sobre el cambio cultural para respetar el límite, indicó que se logra “a punta de partes, en todas partes del mundo ha funcionado así”.