Rodrigo Bustos, especialista del Instituto Nacional de Derechos Humanos, dijo que la “finalidad de que una persona esté presa es que después pueda ser reinsertada en la sociedad”, lo que prácticamente no ocurre.
Ejemplificó diciendo que “1 de cada 3 personas que está en la cárcel ni siquiera está condenada por un delito”, lo que equivale a unos 15 mil acusados que están en prisión preventiva.
Cárceles “son un lugar donde se viola derechos humanos y donde en muchos casos podemos hablar de condiciones inhumanas y degradantes”, indicó el jefe de la unidad jurídica judicial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Estamos con celdas con condiciones de higiene absolutamente precarias”, agregó, y narró el caso de persona con discapacidad mental en Colina II, quien convive con “basura y su propio excremento de varios días (…) situaciones absolutamente indignas y que rayan los tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Sobre visión de algunos sectores que justifican estos malos tratos, ya que serían parte del castigo por los delitos cometidos, puntualizó que “ese tipo de discurso está muy instalado en la sociedad y hay que buscar derribarlo”.
Bustos comentó que “somos contrarios a tirar todos los dardos contra gendarmería”, porque “hay un problema estructural y que no se ha modificado, independiente de los gobiernos de turno”.
También se refirió a las cárceles concesionadas: Hay algunas que “tienen buenos estándares, pero estamos lejos de la promesa que se hizo en su momento, cuando se estableció este sistema”. En estos recintos, uno de los problemas más complejos es que “hay incentivos perversos respecto de la cantidad de personas presas que tienen que tener”, porque muchas veces se paga “por la cantidad de personas que tienen en su interior”.
“Chile es el país con menos delitos violentos de la región y, después de Surinam, el con mayor tasa de personas presas en las cárceles por cantidad de habitantes”, concluyó el representante del INDH.