“Me preocupa como defensor que los funcionarios policiales, que realizaron implantación de mensajería de texto y que están actualmente investigados, pueden haber participado en otras causas que están vigentes, como la causa Luchsinger o la causa iglesias”, planteó el abogado.
Expresó que esta polémica viene a confirmar “falta de participación de los 8 imputados”, entre ellos Héctor Llaitul.
Detalló que la solicitud de prisión preventiva realizada por fiscalía en 2017 estaba “basada sólo en comunicaciones de WhatsApp, donde no se logra atribuir con claridad que los números de teléfono pertenecían a cada uno de los imputados” formalizados por incendio terrorista.
“Esas comunicaciones de WhatsApp no eran emitidas ni recibidas por ellos”, resumió Alday.