“No todos quieren (trabajar) y no se los puede obligar”, aseveró el decano de la facultad de derecho y ciencias sociales de la casa de estudios.
Y si bien “normativa indica que cuando tú condenas a alguien, hay una parte de esa pena que exigiría un trabajo forzado (…) tenemos problemas de costo que nos impide realizarlo”, explicó Rosell.
Respecto de los $724 mil, detalló que cifra “implica salud, vestuario, alimentación y cuidados que deben tener (gendarmes) con internos”.
Pero más allá de los esfuerzos, “aproximadamente el 50% de las personas que salen en libertad, delinque nuevamente antes de los 3 años”, concluyó el académico.